CONSULTA


El artículo 522 de la Ley 906 de 2004 indica: "LA CONCILIACIÓN SE SURTIRÁ OBLIGATORIAMENTE Y COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO SE TRATE DE DELITOS QUERELLABLES ANTE EL FISCAL QUE CORRESPONDA O EN UN CENTRO DE CONCILIACIÓN O ANTE UN CONCILIADOR RECONOCIDO COMO TAL...
"LA CONCILIACIÓN SE CEÑIRÁ EN LO PERTINENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY640 DE 2001"
El artículo 36 de la Ley 640 de 2001 indica: "LA AUSENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE QUE TRATA ESTA LEY, DARÁ LUGAR AL RECHAZO DE PLANO DE LA DEMANDA".
Problema jurídico. Establecer si la conciliación como requisito de procedibilidad debe intentarse antes o después de formularse la querella, atendiendo la connotación de requisito de procedibilidad y lo indicado en el artículo 640 de 2001 como normas concordantes.
En segunda instancia establecer si se presenta la querella sin haberse intentado la conciliación, como se aplica el artículo 73 de la Ley 906 de 2004 respecto de la caducidad de la querella, es decir, si la querella no se presenta con la constancia de haberse intentado la conciliación como requisito de procedibilidad, ¿operaría el fenómeno de la caducidad si no se subsana tal situación dentro de los seis meses que otorga la ley?
¿Que consecuencias jurídicas trae consigo adelantar el proceso sin haber intentado la conciliación o requisito de procedibilidad obligatorio?, ¿como se alega o propone jurídicamente? y ¿en que momento se alega tal irregularidad?
¿Que consecuencias jurídicas se presentarían frente al funcionario y querellante que no cumplen con la realización del requisito de procedibilidad obligatorio establecido en el artículo 522 del C.P.P.?
Luis Alberto Aguilar
Duitama




CONCEPTO DE LA ACADEMIA






La inquietud del ciudadano es la siguiente:

?Si la conciliación obligatoria establecida en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, como requisito de procedibilidad en los delitos querellables debe intentarse antes o después de formulada la querella.
Igualmente, si no se adjuntaba a la querella la constancia de haberse intentado la conciliación, como opera el fenómeno de la caducidad prevista en el artículo 73 de la Ley 906 de 2004.
Qué consecuencias jurídicas trae adelantar el proceso sin haberse realizado o intentado la conciliación. ¿Cómo se propone en caso de tramitarse el proceso con tal irregularidad?
¿Qué consecuencias jurídicas se presentan al funcionario y querellante que no cumplen con ese requisito??.

En el mismo orden se absuelve la consulta, sin embargo hago algunas precisiones:
Primero. ¿Qué se entiende por conciliar? El diccionario de la real academia española dice ?componer y ajustar los ánimos que están opuestos entre si? y el Diccionario de Jurisprudencia de Joaquín Escriche dice: ?Es un acto jurídico que tiene por objeto evitar el pleito que alguno quiere entablar, procurando que las partes se avengan transijan sobre el asunto que da motivo a él?.
Siendo ese su significado nos podemos ahora preguntar ¿Cuáles son sus ventajas?

Primero. Se suprime el monopolio del Estado en la solución de conflictos menores en asuntos penales;
Segundo. Participa el pueblo en la administración de justicia;
Tercero. Permite desjudicializar delitos menores;
Cuarto. Descongestiona los despachos judiciales;
Quinto. Busca restablecer la armonía que se rompe cuando el delito se comete;
Sexto. Se tiene una solución pronta.

Entre otras, esas son sus ventajas.
¿Ahora, cuáles son las características de la conciliación?
Las siguientes:
Es un acto solemne, porque se exige elaborar una acta que resume el acuerdo al que llegan las partes en su recíprocas obligaciones, firmada por estos y el conciliador;
Es bilateral, casi siempre se adquieren compromisos económicos.
Por eso, para su validez se requiere:

Primero, plena capacidad de las partes para comprometerse;
Segundo. Consentimiento libre de vicios;
Tercero. Que tenga un objeto lícito;
Cuarto. Que las partes intervengan directamente; y
Quinto. La solemnidad de elaborar el acta firmada por las partes y el conciliador.

Ahora, haré una pequeña historia, desde cuando figura en el Derecho Procesal Penal, en nuestro medio:
Desde 1989, con el Decreto 1861; vino luego el Decreto 2700 de 1991, que rigió hasta junio de 2001 en su artículo 38, modificado por el artículo 6 de la Ley 81 de 1993, estableció: ?Conciliación durante la etapa de la investigación previa o del proceso. A solicitud del imputado o procesado y/o los titulares de la acción civil. El funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación en los delitos que admiten desistimiento y en los casos previstos en el artículo 39 de éste Código.
En caso de no haberse hecho tal pedimento por las partes, en el auto de apertura de instrucción el funcionario cita a las partes, señalando día y hora para celebrar audiencia de conciliación?.
Veamos, que procedía en delitos querellables o en los que admitían indemnización integral, pero a petición de las partes. Se podía intentar en cualquier momento procesal, antes de dictarse sentencia de primera o única instancia.
En el año 2000, se expidió la Ley 600 que en su artículo 42 la consagró así:

?La conciliación procede en aquellos delitos que admiten desistimiento o reparación integral.
En la resolución de apertura de instrucción, el funcionario señalará fecha y hora para celebración de audiencia de conciliación, la que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes y se efectuará con la presencia de sus apoderados. Sin embargo, a solicitud de los sujetos procesales o de oficio, el funcionario podrá disponer en cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación?.

La Corte Constitucional en sentencia C-760 de 2001, declaró inexequible la expresión ?y se efectuará con la presencia de sus apoderados?.
Esto era lógico, lo que busca la conciliación es la armonía entre las partes y por eso el literal cuarto del artículo 42 establecía ?durante la audiencia no se permitirá la intervención de los apoderados?.
Al responder la consulta anoto:
El artículo 522 de la Ley 906 de 2004, estableció que:

Primero. La conciliación es obligatoria, requisito de procedibilidad para ejercer la acción penal en los delitos querellables;
Segundo. Se puede llevar a cabo ante el Fiscal a quien correspondió la querella, quien con soporte en la misma: ?Citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación?;
Tercero. Si hay acuerdo, archiva las diligencias, en caso contrario ejerce la acción penal.

Explico esos requisitos así:
El Fiscal en los delitos querellables no está facultado para ejercer de oficio la acción penal, debe soportarse en la querella, siendo el contenido de la misma la que le permite citar a las partes a conciliar, buscando evitar el trámite de todo el proceso, el desgaste judicial, porque si hay acuerdo las diligencia se archivan. De lo contrario, ejerce la acción penal (artículo 66 de la Ley 906 de 2004).
Esto es que si no tiene esa querella no puede citar a conciliar. Distinto sería el caso que formulada la querella y después se concilie en un Centro autorizado, copia de la misma llevada a la Fiscalía permite al funcionario el archivo.
En ambas eventualidades el Fiscal debe tener en su Despacho la respectiva querella, no se entendería de otra manera el inciso tercero que dice ?si la audiencia de conciliación se realizare en un Centro o Conciliador reconocidos como tales, el Conciliador enviará copia del acta que así lo constate al Fiscal quien procederá al archivo de las diligencias??.
Esto nos hace comprender, que si el Fiscal no tuviera en su despacho la querella, el Conciliador no tendría a quien enviar copia del acta.
En conclusión: El Fiscal para citar a las partes a conciliar en delitos querellables debe tener en su Despacho la querella.
Ahora, en cuanto a las consecuencias de no observar los mandatos legales tenemos las siguientes:
Si la conciliación se llevó a cabo, es decir, fue exitosa ante el Fiscal o ante un Centro autorizado si el querellado no cumple el acta respectiva, debidamente autenticada presta mérito ejecutivo, de conformidad al artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora, si el Fiscal cita a conciliación y el querellante no asiste sin justificación, las diligencias se archivan. Pero, si quien no asiste es el querellado sin ninguna justificación el Fiscal ejerce la acción penal.
En cuanto a la caducidad para formular la querella a que hace relación el artículo 73 de la Ley 906 de 2004, ordinariamente para estos delitos es de seis meses; en casos excepcionales, que deben demostrarse es de doce (12) meses como máximo. Sino se formula dentro de ese tiempo, opera el fenómeno, no es posible proponerla después.
Ahora, si el procedimiento se adelantó sin haber intentado la conciliación en estos delitos querellables, la actuación está viciada de nulidad, de conformidad al artículo 457 de la Ley 906 de 2004, por violación al debido proceso y se puede proponer antes de que quede ejecutoriada la sentencia que pone fin al proceso.
Pero, si se observa cuando la sentencia está ejecutoriada, cabe la acción de revisión, así lo dispone el artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en su numeral segundo que hace relación a las causales de esa acción cuando dispone: ?cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causa de extinción de la acción penal?.
De esta manera, el legislador, en su afán de que se respete el debido proceso ha llenado de garantías a los sujetos procesales.
Considerando que se a dado respuesta a las inquietudes las inquietudes del señor Luis Alberto Aguilar, me permito transcribirle un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en donde hace relación a las características de la conciliación, es el siguiente:

?Asimismo, de conformidad con las líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte, la conciliación se caracteriza por ser (i) un instrumento de autocomposición de un conflicto por voluntad concertada o el consenso de las partes; (ii) una actividad preventiva, en la medida en que busca la solución del conflicto antes de acudir a la vía procesal o durante el trámite del proceso, en cuyo caso no se llega al resultado final normal de aquel, que es la sentencia; (iii) no tiene en estricto sentido el carácter de actividad judicial ni da lugar a un proceso jurisdiccional, porque el conciliador, autoridad administrativa o judicial, o particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del conflicto en virtud de una decisión autónoma e innovadora; (iv) es un mecanismo útil para la solución de conflictos, porque ofrece a las partes involucradas en un conflicto la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir a la vía del proceso judicial que implica demora, costos para las partes y congestión para el aparato judicial; (v) constituye un mecanismo alternativo de administración de justicia que se inspira en el criterio pacifista que debe regir la solución de los conflictos en una sociedad; (vi) es un instrumento que busca lograr la descongestión de los despachos judiciales, asegurando la mayor eficacia y eficiencia de la administración de justicia, pues esta se asegura en mayor medida cuando a la decisión de los jueces solo se someten las causas que están en capacidad de resolver oportunamente y sin dilaciones; (vii) tiene un ámbito que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en principio de ser negociados, o en relación con personas cuya capacidad de transacción no se encuentre limitada por el ordenamiento jurídico; (viii) es el resultado de una actuación que se encuentra reglada por el legislador en varios aspectos, tales como: las autoridades o sujetos competentes para intervenir en la actividad de conciliación y las facultades de las cuales dispone; las clases o tipos de conciliación admisibles y los asuntos susceptibles de ser conciliados; las condiciones bajo las cuales se pueden presentar peticiones de conciliación; los trámites que deben sufrir dichas peticiones; la renuencia a intentarla y las consecuencias que se derivan de ello; la audiencia de conciliación, la formalización del acuerdo total o parcial entre las partes o la ausencia de este y la documentación de lo actuado; (ix) no debe ser interpretada solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de la sociedad civil en los asuntos que los afectan; (x) se trata de un mecanismo de estirpe democrática, en la medida en que genera espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en la medida en que este pueda dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia social; (xi) se enmarca dentro del movimiento de reformas para garantizar el acceso a la justicia; (xii) puede ser judicial o extrajudicial; y (xiii) el legislador ha optado por regular en norma especial la conciliación en materia penal dada la naturaleza de la acción penal, el tipo de conflictos que dan lugar a la investigación penal, las consecuencias frente al derecho a la libertad personal que conlleva este tipo de responsabilidad y el interés público en ella involucrado, entre otros factores?. (Sentencia C ? 591 de junio de 2005)

Considero cumplido mi deber.
Atentamente,
ALBERTO PULIDO PINEDA



RESOLUCIÓN

Resolución No 005 de 2010 (Junio 22).
Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.

De acuerdo a Resolución este concepto no puede ser usado en ningún caso concreto ni en procesos judiciales ni extrajudiciales.