CONSULTA


La consulta es la siguiente:
?El artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, que modifica el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, creó el parágrafo. La fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia Criminis, para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los Jueces Penales del circuito especializados el término máximo será de cinco años?.
?La consulta es: dicho parágrafo tiene aplicación para los procesos que se venían adelantando antes de entrar en vigencia dicha Ley? O solo para los que se denuncien con posterioridad a la misma?. Como se aplica el principio de favorabilidad frente a tal norma? Que consecuencia genera el hecho que el fiscal no adopte ninguna de las Dos posiciones o posibilidades indicadas en la ley dentro del término otorgado y que se debe hacer para su efectivización?.
Consultante: LUIS ALBERTO AGUILAR



CONCEPTO DE LA ACADEMIA


En efecto, la Ley 1453 de 2011, no solo en lo que es motivo de consulta por parte de Luis Alberto Aguilar genera confusiones que no se aclaran ni consultando la exposición de motivos, veamos por qué.
En lo que denominaron introducción se lee lo siguiente, páginas 14 y 15 de la Gaceta del Congreso 737 del 05 de octubre de 2010:
?El terrorismo y la criminalidad organizada son fenómenos, que afectan gravemente la paz y seguridad pública, convirtiéndose en medios para minar las bases del Estado de derecho, y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes; razón por la cual, estos graves atentados contra la ciudadanía deben prevenirse y atacarse de manera decidida y ejemplar?.
Cuando hace referencia a la modificación de los artículos 175 y 294, de la Ley 906 de 2004, dicen lo siguiente: página 16 de la misma Gaceta, que ?se crean términos para formular imputación 1 año (como regla general) y 18 meses para los delitos de competencia del Juez del Circuito Especializado y en los que participen al menos 3 personas, pues en la actualidad al no existir estos términos la mayoría de las indagaciones tardan en esta etapa 4 o 5 años, lo cual ha creado una sensación de que no hay justicia en nuestro país?.
Agrega ?se aumentan los términos entre la formulación de imputación y la acusación de 30 a 60 días, como regla general y 90 días para delitos de competencia del Juez del circuito especializado y en los que participen al menos 3 personas, de conformidad con la anterior medida?.
Si esto es evidente la forma como se modifica estos artículos al ampliar los términos, en ningún momento hicieron relación a que estos podían prolongase de tres a 5 años, para que la Fiscalía guarde en su despacho una querella, una denuncia o una información sobre la comisión de un delito.
Por otra parte dice que actualmente esas diligencias para imputar cargos se están demorando de 4 a 5 años, creando una sensación de que no se hace Justicia. No se sabe de dónde se sacan esas estadísticas porque hay Distritos Judiciales, en donde solo entró a regir el sistema acusatorio en el año 2008, es decir no han transcurrido siquiera los 4 años.
En sana lógica las modificaciones que contempló la Ley 1453 de 2011, en cuanto al procedimiento tiene aplicabilidad a partir de su vigencia acatando los dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, numeral 3, que manda que: ?En materia penal la ley permisiva o favorable aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable?.
Y es apenas natural que como el sistema acusatorio, uno de sus componentes es la celeridad en los trámites procesales, para definir una situación jurídica debe acatarse de preferencia en estos casos.
La anterior disposición constitucional se proyectó en la Ley 906 de 2004, cuando en el artículo 6° dispuso: ?La Ley procesal de efecto sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable?.
Esta garantía la consagró el artículo 15, Del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos, aprobado con la Ley 74 de 1968, que es parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme al artículo 93 de la Carta.
Pero en relación a las modificaciones que se introducen en los artículos 175 y 294 de la Ley 906 de 2004, con la Ley 1453 de 2011, se hacen estas aclaraciones. Inicialmente tampoco estaban señalados términos generales en las dos disposiciones, únicamente se tenían en cuenta, y ahora ocurre igual cuando la persona está detenida, si dentro de los términos allí señalados no se presentaba escrito de acusación, se aplicaba el principio de oportunidad o se pedía por la fiscalía la preclusión se concedía la libertada provisional, que generalmente conducía a la preclusión.
Pero sobre el tema la Corte Constitucional se había pronunciado de la siguiente manera: ? La designación del nuevo fiscal se debe efectuar de inmediato cuando se vence el termino del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, y el término con que cuenta el nuevo fiscal comienza a contarse desde el vencimiento. En efecto, la provisión del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal, orientado por el principio de celeridad de manera que si a partir de la imputación, se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir la decisión. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa contraria a la Constitución atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe un nuevo fiscal, porque la eventual demora en hacerlo no afecta los términos legalmente previstos para la correspondiente etapa procesal, puesto que a partir de una consideración integral del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo estatuto Procesal Penal, es posible señalar que el tiempo para proferir la decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho termino, en realidad, debe contarse a partir del momento en que venció el previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que en los casos en que el imputado se encuentre privado de la libertad tiene confirmación en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos 60 días, contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado preclusión con la advertencia en la misma disposición de que los términos deben contabilizarse de manera ininterrumpida. De este modo, la mora en la designación del nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación injustificada del proceso?. Sentencia C 558 de 2009.
Conforme a los anteriores planteamientos de la Corte Constitucional, las personas privadas de su libertad, antes de la vigencia de la Ley 1453 de 2011, no van a perder los beneficios, reiterando, que cumplidos los términos sin que se presente el escrito de acusación o el fiscal solicite preclusión, el imputado tiene derecho a la libertad.
Debemos también hacer otra referencia, con relación a los términos de 3 a 5 años para que la fiscalía estudie la posibilidad de imputación si están satisfechos los requisitos probatorios, establecidos en los artículos 286 a 289 de la Ley 909 de 2004. Si el sistema acusatorio como ya se dijo tiene como finalidad la celeridad en definir situación jurídica a las personas, como lo dijo la Corte Constitucional, en la sentencia ya relacionada, debemos comprender que cuando esa vinculación sea tardía, conforme a los nuevos términos, esa norma ha de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, entidad que sobre ese aspecto ya se pronunció de la siguiente manera:
?La vinculación tardía del procesado atenta contra el derecho a la defensa. La doctrina y la jurisprudencia han precisado que la vinculación tardía del imputado o sindicado al proceso, bien mediante indagatoria ora a través de declaratoria de persona ausente, cuando desde el comienzo del averiguatorio existe mérito para vincularlo, constituye una omisión que atenta contra el derecho a la defensa, por cuanto ve cercenada su posibilidad de contradecir de manera oportuna las pruebas que esgrimen en su contra. Ahora bien, como se reseñó en jurisprudencia de la Corte constitucional, con miras a obtener la comparecencia del sindicado al proceso, agotados todos los medios posibles para localizarlo y asegurar así su derecho a la defensa?. Sentencia T- 062 de 2002.
Y si esto resolvió la corte, vigente la Ley 600 de 2000, con la Ley 906 de 2004, debe tener un mayor acatamiento por los servidores públicos del poder Judicial.
Así queda respondida la primera inquietud.
Ahora, que ocurre cuando el fiscal transcurridos esos términos no adopta ninguna de las dos opciones?
Tengamos presente, el numeral primero del artículo 138 de la Ley 906/2004, los funcionarios judiciales deben resolver ?los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley?.
El mismo artículo 294 con la modificación de la Ley 1453/2011 dispone que cuando el fiscal no presenta ese escrito o pide preclusión dentro de los términos, es separado del conocimiento y se asigna a otro fiscal, siendo procedente iniciar en su contra un disciplinario.
El código disciplinario único Ley 734 en su artículo 34 numeral 2 establece que entre los deberes de todo servidor público está el de ?cumplir con diligencia, eficacia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado??.
Y como falta gravísima de los servidores públicos, está el del incumplimiento de sus deberes que el mismo código disciplinario sanciona hasta con destitución.
En casos especiales puede estar incurso en prevaricato por omisión.
En conclusión:
Las modificaciones que introdujo la Ley 1453/2011 a los artículos 175 y 294 de la Ley 906/2004, solo son aplicables después de su vigencia, porque hacen relación a la libertad de las personas, como derecho fundamental.
Si el fiscal no toma ninguna determinación dentro de los términos puede ser investigado y sancionado disciplinariamente, y en casos especiales investigado por prevaricato por omisión.
Cordialmente,
Alberto Pulido Pineda



RESOLUCIÓN

Resolución No 009 de 2011 (22 de septiembre)
Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.

De acuerdo a Resolución este concepto no puede ser usado en ningún caso concreto ni en procesos judiciales ni extrajudiciales.