CONSULTA

San Sebastián de Mariquita, 19 de febrero de 2008

Doctor
Marco Gerardo Monroy Cabra
Presidente
Academia Colombiana de Jurisprudencia
Bogotá, D.C.


Referencia. Consulta cobro perjuicios en
condena in genere


Respetado maestro y presidente:
He
acudido a la honorable colegiatura de académicos reunidos en la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, con el fin de elevar la
presente respetuosa consulta relacionada con el cobro de perjuicios
derivados de una condena in genere, cuando ha precluido el término
establecido en el artículo 172 inciso segundo del Código Contencioso
Administrativo.

Establece en dicho inciso final el artículo en cita que:


"Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente
que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y específica de su cuantía, dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la
fecha de notificación del auto de obedecimiento al superior, según
fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez
rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es
susceptible del recurso de apelación."

De
lo anterior surgen los siguientes interrogantes:


Que sucede cuando el término de los sesenta (60) días ha precluido?



Puede el demandante acudir a otro proceso para valorar y cobrar
única y exclusivamente los perjuicios, teniendo en cuenta que ya
existe sentencia condenatoria in genere? A que proceso se podría
acudir?



Pierde definitivamente la oportunidad para cobrar perjuicios?


No
podría ser a caso una trasgresión al principio constitucional según
el cual, prevalece el derecho sustancial frente al procesal (art.
228 CN)?


A
caso existe en la norma un error de técnica jurídica cuando
establece que si vencido dicho término "caducará el derecho", cuando
el instituto de la caducidad es propio del derecho procesal no del
sustantivo, por tanto debió decir, "caducará la acción" refiriendose
al incidente de liquidación de perjuicios?



Podrá acudirse a la conciliación para el pago de los perjuicios
luego de vencido el término para interponer el incidente de
liquidación de perjuicios?


Loa anteriores interrogantes surgen en medio de un tema de poca
frecuencia en el diario devenir del ejercicio del derecho pero que,
son de vital importancia para la academia procesal administrativa.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

Juan Carlos Castaño Posada
Abogado
 

CONCEPTO
DE LA ACADEMIA

Bogotá, 12 de Junio de 2008

Señores
ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
Presidente, Miembros de la Mesa Directiva, Distinguidos Académicos
CIUDAD

REF: Consulta

He sido designado para proyectar el
concepto que absuelva la consulta formulada por el Abogado Juan
Carlos Castaño Posada, respecto del asunto propio del contencioso
administrativo relacionado ?? con el cobro de perjuicios
derivados de una condena in genere, cuando ha precluido el término
establecido en el inciso segundo del artículo 172 del Código
Contencioso Administrativo?.

Respecto de la norma citada por el
consultante, éste propone seis cuestiones que serán trascritas y
absueltas, una a una, en la parte final.

Ahora bien, para desarrollar el tema me
permito expresar:

1) Del Proceso

Podemos considerar, con arreglo a las
definiciones que de este término proponen diferentes expositores,
que, en estricto sentido jurídico, el proceso puede ser considerado
como el litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal
jurisdiccional, que se denomina contencioso cuando ?? existe
contradicción o impugnación total o parcial, por cada una de las
partes, de las pretensiones de la contraria?1.

Es sabido que constituye también, ?? una
necesidad política y jurídica la que exige que el proceso sea
temporal; que se le ponga término a los litigios decididos
judicialmente, para evitar su sucesivo replanteamiento, pues si tal
no ocurriere, las relaciones jurídicas (?) que en el proceso se
controvierten jamás saldrían de la incertidumbre?.

Se anota que ?ordinaria y normalmente el
proceso termina con el pronunciamiento de la sentencia, que es la
manifestación mediante la cual el juez aplicando al caso litigado la
voluntad abstracta de la ley, resuelve el conflicto sometido a su
jurisdicción ??2.

También, el maestro Hernando Devis
Echandía enseña que el proceso:

??es el conjunto de actos coordinados
que se ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano
judicial del Estado, para obtener, mediante la actuación de la ley
en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización
coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o
públicas, en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o
insatisfacción (en lo civil, laboral o contencioso administrativo)
??. Así, ?? el proceso forma un todo uniforme, dotado de sólida
estructura?.

?Esta unidad del proceso hace no sólo
que los actos que lo componen estén coordinados y concurran
armoniosamente al fin que aquél persigue sino también que el valor
que la ley otorga a cada uno de tales actos, dependa de ser parte de
ese todo y de la influencia que tienen sobre el fin común ??3.

2) De la sentencia y la Cosa Juzgada


El Código Contencioso Administrativo en
sus artículos 170 a 179 incluye elementos que pueden ser
considerados como de corte genuinamente procesal, tales son los que
determinan el contenido de la sentencia (170); la condena en costas
(171); las condenas en abstracto (172); la notificación (173); la
obligatoriedad de la sentencia (174); la cosa juzgada (175), la
ejecución (176); la efectividad de condenas contra entidades
públicas (177); el ajuste de valor (178) y otras condenas (179) (que
se rigen por el Código de Procedimiento Civil C.P.C).

De tales disposiciones, para el caso que
nos ocupa, merece destacarse la del artículo 174 que regla: ?Las
sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los particulares y
la administración, no estarán sujetas a recursos distintos de los
establecidos en este Código ??.

La sentencia ? ? adquiere
firmeza y se torna, la más de las veces, en
definitiva e inmodificable por lo cual ni el juez que la ha
pronunciado ni otro diferente, excepto en tratándose de recursos
legalmente concedidos, pueden variar la voluntad de la ley declarada
en ella para ese litigio?4.
En otros términos, pasa a la categoría de haber sido expedida en
autoridad de cosa juzgada.

Debe observarse que
según lo prevé el artículo 175 del C.C.A. ?La sentencia dictada en
procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento producirá el efecto de cosa juzgada frente a otro
proceso que tuviera el mismo objeto y la misma causa y siempre que
entre ambos procesos haya identidad jurídica de las partes en tanto
que la proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará solamente a quien hubiere intervenido en el proceso y
obtenido declaración a su favor?5.

Al referirse a la
cosa juzgada, el tratadista López Blanco6
afirma:

?Muchas son las
teorías formuladas acerca del tema, y es así como los arts. 1350 a
1352 del Código de Napoleón explican la cosa juzgada como una
presunción de verdad, siguiendo la tesis de Savigny; otros, como
Chiovenda, afirman que se trata de un efecto de la sentencia; Devis
Echandía estima que su naturaleza jurídica está en la potestad
jurisdiccional del Estado, que le permite imponer los alcances de la
sentencia; Parra Quijano opina que ?por motivos de orden público, de
justicia y paz social, se ha consagrado la institución de la cosa
juzgada?.

Luego agrega: ??
[cuando] la sentencia discuerde con la realidad es indispensable
rodearla de presunción de verdad para evitar, bajo el pretexto de
falta de identidad entre la verdad declarada en la sentencia y la
realidad, socavar el carácter de inmutabilidad que ella debe tener
so pena de que se extinga el respeto que al Estado como
administrador de justicia se le debe tener y al no ser confiable su
actuación se oriente la actividad del asociado por buscar de nuevo
la justicia por mano propia, grave síntoma de descomposición de un
país?.

En todo caso, (?)
cualquiera que sea la posición que se adopte frente a la naturaleza
jurídica de la cosa juzgada, es lo cierto que ella tiene estos
importantes efectos:

1. Salvo precisas excepciones legales,
impide volver a plantear las mismas pretensiones ante la autoridad
judicial.

2. Lo decidido en la
sentencia no puede ser modificado ni siquiera por el mismo juez que
la profirió; o sea la sentencia es inmutable.

3. Si la parte a cuyo
cargo se ha impuesto una prestación se niega a satisfacerla, se
puede acudir a la fuerza para obtener su cumplimiento, aún cuando ?y
esto debe tenerse muy en cuenta- su efectividad queda exclusivamente
al arbitrio de la parte interesada, sin que pueda el Estado, a lo
menos dentro de la actual situación de cosas, obtener, prescindiendo
de la petición del interesado, el cumplimiento de la sentencia que
dictó?.

Por otra parte, ?para
que la jurisdicción cumpla a cabalidad (sus) fines propios es
necesario que la sentencia judicial sea, a partir de determinado
momento definitiva, inmutable y coercible7.

3) Ejecución de la
sentencia

Respecto a la
ejecución de la sentencia, el artículo 176 del C.C.A. prevé que:
?Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia
dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán
las medidas necesarias para su cumplimiento?.

4) Efectividad de
condenas contra entidades públicas

Por su parte, el
artículo 177 ibidem, en su primer inciso, manda que ?Cuando se
condene a la nación, a una entidad territorial o descentralizada al
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero8,
se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea
competente para ejercer las funciones del ministerio público frente
a la entidad condenada ??. A contrario sensu implicaría que
cuando la sentencia no sea líquida, es decir que cuando no se
determine en ella una suma dineraria precisa en contra de la entidad
demandada, no se hará dicho envío.

5) Condenas en
abstracto

En tratándose, como
en el asunto sub examine de una sentencia de condena en
abstracto, como la denomina el artículo 172 (o ?in genere?,
como la nombra el consultante), tiene ésta la característica de que
la cuantía de la condena no está determinada, por no haber sido
establecida en el proceso, aunque las bases para liquidarla hubieren
sido señaladas en ella de manera genérica, implicándose que, con
arreglo a dichas bases, se hará la liquidación incidental a término
de los artículos 178 del C.C.A. y mediante el procedimiento
establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil,
por remisión expresa de la norma citada inicialmente en este párrafo
(inc. 2° art. 172 C.C.A.).

El artículo 178 del
C.C.A. señala que: ?La liquidación de las condenas que se
resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso
administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas
líquidas de moneda de curso legal en Colombia ??.

Por su parte, el
artículo 172 del CCA, que sirve de fundamento a la cuestión
planteada por el consultante estatuye:

? Condenas en abstracto. Las condenas
al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros
semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no
hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica,
señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación
incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del
Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento
Civil.

Cuando la condena se haga en
abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el
interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y
especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la
notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el
caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez
rechazará de plano la liquidación extemporánea.
Dicho auto es susceptible del recurso de apelación?9.


6) Proposición,
trámite y efecto de los incidentes

Visto lo anterior
tenemos que el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil al que
remite expresamente el primer inciso del artículo 172 del CCA,
corresponde a la forma de proponer y tramitar el incidente y a los
efectos que produce10.
Fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante
sentencia del 22 de Septiembre de 1994.

7) Caducidad del
Derecho

Preceptúa además el
inciso segundo del artículo 172 del CCA, la caducidad del derecho
derivado de la sentencia en abstracto cuando la liquidación sea
extemporánea y le precisa al juez que en tal evento la rechazará de
plano. La caducidad está erigida así como una verdadera sanción
para el beneficiario de la sentencia en abstracto que no ha
presentado en el término señalado la liquidación especificada de la
misma.

Por demás, es bien
sabido que la caducidad, prevista en la institución que se analiza,
es un fenómeno jurídico-procesal en virtud del cual el solo
transcurso del tiempo determina la preclusión absoluta, definitiva,
para que el administrado o beneficiario pueda activar su derecho de
liquidación de la sentencia en abstracto ante la vía jurisdiccional.
Para que se cause esta caducidad del derecho basta que concurran dos
supuestos: el transcurso del tiempo determinado en la ley (60 días)
y la carencia de la liquidación motivada que corresponda.

Esta caducidad ha
sido establecida por razones de seguridad jurídica y para darle
estabilidad al patrimonio público que no puede estar sujeto a la
indefinición del tiempo ni al arbitrio del particular favorecido con
el fallo.11

8) Del Artículo 228 de la
Constitución Política

Esta sanción de
caducidad del derecho, que se enuncia en el párrafo precedente está
acorde, en mi criterio, con lo dispuesto en el artículo 228 de la
Constitución Política. Este consagra:

?La administración
de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento
será sancionado ??

9) Precisadas
como han sido las anteriores consideraciones, respondo las preguntas
así:

Pregunta No. 1.

?Qué sucede cuando el término de los
sesenta (60) días ha precluído??

Respuesta:

Ante el vencimiento de dicho término,
ineluctablemente, caducará el derecho y el juez rechazará de plano
la liquidación extemporánea. ?12.

Preguntas No. 2.

?A) Puede el demandante acudir a otro
proceso para valorar y cobrar única y exclusivamente los perjuicios,
teniendo en cuenta que ya existen (sic) sentencia condenatoria in
genere?.

Respuesta:

No. El demandante no puede acudir
a otro proceso para cobrar los perjuicios. La razón estriba en que
la sentencia dictada en procesos relativos a contratos y a
reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a
otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre
que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la
proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración
en su favor.

B) ?A qué proceso se podría acudir??

Respuesta:

No hay otro posible proceso por la vía
contencioso administrativa que sería la procedente ya que ésta se
agotó con la sentencia expedida en abstracto.

Pregunta No. 3.

?Pierde definitivamente la oportunidad
para cobrar los perjuicios??

Respuesta:

Sí. La caducidad del derecho no
es otra cosa que una sanción prevista para el beneficiario de una
sentencia en abstracto que no cumple con los requerimientos del
incidente de liquidación en el preciso término señalado por el
inciso segundo del artículo 172 del CCA, (es decir el de sesenta
días). En efecto, si no hay liquidación de la sentencia no existe
suma líquida fijada legal y procesalmente para que el beneficiario
pueda ejecutar el cobro. Debe recordarse que la administración sólo
puede solucionar el pago directo o la devolución de cantidades
líquidas de dinero.

Pregunta No. 4.

?No podría ser a caso (sic) una
trasgresión al principio constitucional según el cual, prevalece el
derecho sustancial frente al procesal (Art. 228 CN)?? (sic).

Respuesta:

No. En efecto, el artículo 228 de
la C.P. en su inciso 2°, arriba trascrito ha instituido que ?Los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento
será sancionado?. O sea que la norma superior consagra la
posibilidad para que la ley desarrolle el precepto o lo reglamente y
así lo hace el inciso 2° del artículo 172 del C.C.A. que consagra
una sanción o punición para quien favorecido con una sentencia
dictada en abstracto en materia contencioso administrativa no haya
presentado la liquidación motivada y especificada en el término
señalado de sesenta días. Esta previsión entraña una verdadera
sanción que para nada se opone al mandato constitucional. Tampoco
puede perderse de vista que el régimen de caducidades previsto en el
C.C.A. es de orden público, y que el interés específico determinado
en el inciso 2° del artículo 172 del C.C.A. no es otro que el del
cuidado y buen manejo del patrimonio público que no debe afectarse
ilegítimamente con posibles cargos injustificados de intereses
corrientes o moratorios o por causa de ajustes monetarios. Exigencia
ésta que resulta indispensable para la acertada ejecución de las
finanzas y del tesoro públicos.

Pregunta No. 5.

?A caso (sic) existe en la norma un
error de técnica jurídica cuando establece que si vencido dicho
término ?caducará el derecho?, cuando el instituto de la
caducidad es propio del derecho procesal no del sustantivo, por
tanto debió decir, ?caducará la acción? refiriéndose al incidente de
liquidación de perjuicios??

Respuesta:

No. La norma citada ?inciso 2°
del artículo 172 del C.C.A.- es explícita e inequívoca en fijar la
caducidad del derecho. Por lo tanto, no le es lícito al intérprete
modificar los términos de la ley, función esta atribuida al
legislador. Sin embargo se puede buscar el sentido de la norma, su
campo de aplicación, o hacer su examen teleológico, más esto no
implica la determinación necesaria de errores de técnica jurídica
que sólo podrán ser establecidos, si los hubiere, bien por el propio
legislador o por la jurisprudencia. El incidente de liquidación de
sentencia en abstracto previsto en el inciso segundo del artículo
172 del C.C.A. no es susceptible de ser calificado como caducidad de
la acción, pues no ha sido previsto así en la norma en cuestión.

Ahora, si de lo que se trata es de
distinguir entre derecho y acción, éste es un tema que desborda el
ámbito del presente análisis13.


Pregunta No. 6.

?Podrá acudirse a la conciliación para
el pago de los perjuicios luego de vencido el término para
interponer el incidente de liquidación de perjuicios??.

Respuesta:

No. En la conciliación en la que
sea parte la administración pública y se haya dictado sentencia en
abstracto, los componentes que afecten el patrimonio público deberán
estar expresamente fijados en ella y, luégo, haber sido liquidados
conforme a la ley mediante el incidente correspondiente y no es
factible para la administración conciliar con el favorecido, sobre
cantidades no liquidadas en forma dineraria, so pena de incurrir en
delitos contra la administración pública, o de alguna manera
infringiendo la ley penal14.


Por otro importante aspecto, debe
tenerse en cuenta que a la administración pública no le es lícito
conciliar sobre un derecho caducado.

En los anteriores términos considero que
puede ser absuelta la consulta que abordé por petición de los muy
distinguidos académicos que así me lo solicitaron ante mi posición
inicial de no emitir concepto de fondo, por considerar, entonces,
que se trataba de un tema de interés particular concreto (Art. 1° de
los Estatutos de la Academia).

Con mi distinguida consideración.

FERNANDO SARMIENTO CIFUENTES
Académico Correspondiente

_________________________________


1
Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico, Ed.
Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1979, Pág. 259.


2
V. Código Contencioso Administrativo Comentado, Ed. Leyer,
compilación de Tiberio Cárdenas Borrero, Ramiro Pérez Colmenares y
Didier Morales Restrepo. Décima Edición, Bogotá, Págs. 489 y ss.


3
V. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho procesal. T. I.
Ed. ABC. Decimacuarta edición. Bogotá, 1996. Págs. 157 y 159.



4 V. Op. Cit. Código Contencioso Administrativo, págs. 489 y
ss.


5
V. Artículo 175 del C.C.A. que en lo pertinente dispone: ?Cosa
juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi
juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de
reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a
otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre
que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la
proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará
a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor (?)?


6
V. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento
Civil, Parte General, Dupré Editores Ltda.., Bogotá, 2002, págs.
634 y 635.


7
V. Op. Cit. Código Contencioso Administrativo comentado, Pág. 494.


8
Subraya no es del texto trascrito


9
Subrayas no son del texto.


10
Art. 137. Los incidentes se propondrán y tramitarán asi: 1°) El
escrito deberá contener lo que se pide, los hechos en que se
funden y la solicitud de pruebas que se pretenda aducir, salvo que
éstas figuren ya en el proceso.

Al escrito deberán
acompañarse los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda
hacer valer y que se encuentren en poder del peticionario. 2° ??.


11
V. Palacio Hincapié, Juan Angel. Derecho
Procesal Administrativo, 4ª. Edición 2004. Librería Jurídica
Sánchez R. Ltda..., págs. 95 y ss.


12
Fueron Consultadas: la ley 715 de 2001 y las sentencias de la
Corte Constitucional: T- 431 de 1992; T-572 de 1994; C-37 de 1996;
SU-337 de 1998; SU- 1185 de 2001; C-36 de 2003 y C-620 de 2004


13
V. López Blanco, Hernán Fabio, Op. Cit. Págs.
269 y ss.


14 V.: Ley 23 de 1991; Decreto 2511 de
1998; Ley 446 de 1998 (Art. 70), y concordantes de estas citas

 

RESOLUCIÓN


Resolución
No 010 de 2000 (Julio
10)Por la cual se aprueba la
ponencia con autoridad de la
Academia.

De acuerdo a Resolución este concepto
no puede ser usado en ningún caso concreto ni en procesos judiciales
ni extrajudiciales.


VER OTROS CONCEPTOS