La cobertura de los perjuicios extrapatrimoniales bajo el seguro de responsabilidad civil - Carlos Enrique Quijano Rueda
TRABAJO DE POSESIÓN COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE DEL DR. CARLOS ENRIQUE QUIJANO RUEDA(1)
BUCARAMANGA, JULIO 27 DE 2007

En sesión extraordinaria cumplida el 27 de julio, el jurista Carlos Enrique Quijano Rueda se posesionó como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

A continuación el texto completo del trabajo presentado por el recipiendario:

La cobertura de los perjuicios extrapatrimoniales bajo el seguro de responsabilidad civil

1. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Con fundamento en el Artículo 2341 del Código Civil, se tiene que quién por sí o a través de sus agentes causa un daño a otro, originado en un hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo y que quién reclame indemnización deberá demostrar el daño, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia del nexo causal entre ambos factores.

La Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha clasificado en tres grandes grupos la Responsabilidad Civil Extracontractual, así:

“El primero constituido por los Artículos 2341 y 2345 que contienen los principios directores de la Responsabilidad delictual y cuasi delictual por el hecho personal; El Segundo formado por los Artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 2352 que regulan lo relativo a la misma responsabilidad por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro, y el tercero, que comprende los Artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, se refiere a la Responsabilidad por el hecho de las cosas animadas e inanimadas, y ofrece a su turno dos variantes (…) según que las cosas sean animadas o inanimadas, doctrinariamente denominadas Responsabilidad por causa de los animales o por causa de las cosas inanimadas, que respectivamente tienen su fundamento legal en los Artículos 2356 y 2354 para aquella, y 2350, 2351, 2355 y 2356 para esta”(2).

Ahora bien, el Artículo 2356 del Código Civil Colombiano, preceptúa:

“Por regla general todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta.

Son especialmente obligados a esta reparación:

1º) El que dispara imprudentemente un arma de fuego;

2º) El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por ahí transiten de día o de noche;

3º) El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino.”

A partir de está norma, la Doctrina y la Jurisprudencia han edificado la Teoría de la Responsabilidad derivada del ejercicio de actividades riesgosas o peligrosas, en las que no es la victima sino el demandado quién crea la inseguridad, al ejercer una actividad que no obstante ser licita, implica riesgos de tal entidad que hacen inminente la ocurrencia de daños, razón por la cual la culpa se presume en tanto los hechos muestren de una manera clara que el demandado con su conducta ha creado la inseguridad de los asociados.

Existe una presunción de culpa en cabeza de quién se dedica al ejercicio de actividades que la Doctrina y la Jurisprudencia han calificado como riesgosas o peligrosas y según la Jurisprudencia se ha implementado un régimen conceptual y probatorio encaminado a favorecer a las victimas de accidentes “ en que el hombre, utilizando en sus propias labores fuerzas de las que no puede tener siempre absoluto control y por lo tanto capaces de romper el equilibrio antes existente, de hecho había colocado a los demás asociados bajo el riesgo inminente de recibir lesión aunque la actividad de la que se trate, caracterizada entonces por su peligrosidad, se llevare a cabo con pericia y observando toda la diligencia que ella exige. (…)

Esta construcción Jurisprudencial no entraña aceptación de la Teoría de la Culpa Objetiva o del Riesgo creado, pues de un lado descansa en la existencia de culpa del demandado, aunque ésta sea presunta, y de otro, admite su exculpación demostrando que el daño ocurrió por fuerza mayor, por intervención de un tercero o culpa exclusiva de la victima”(3).

Es en este punto, cuando como consecuencia del avance tecnológico e industrial de la humanidad a partir de la revolución industrial el hombre ha venido creando actividades que si bien es cierto se han traducido en el mejoramiento y progreso de la sociedad, también lo es que ha implicado el ejercicio de actividades que por su naturaleza se constituyen en peligrosas o riesgosas para la seguridad de las personas, siendo acá cuando entra a jugar un papel importante la actividad aseguradora a partir de la creación del seguro de responsabilidad civil para cubrir aquellos perjuicios que como consecuencia de la explotación de dichas actividades se irroguen a las víctimas expuestas a tales riesgos.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El tratadista Luís Alberto Meza Carbajal, citando a Viterbo, dice que el primer antecedente del Seguro de Responsabilidad Civil lo encontramos en el Siglo XIV, a partir de los Seguros Marítimos, con la cobertura de daños provocados por el abordaje(4), en donde el asegurador respondía por los daños que el buque asegurado causara al abordado, cuando la modalidad del abordaje fuera de tal naturaleza que importara una responsabilidad para el armador asegurado.

Por su parte Halperin dice que los primeros contratos fueron celebrados en Francia a comienzos del Siglo XIX, pero su desarrollo efectivo lo recibió con el seguro de los accidentes en la industria, así como en el trasporte ferroviario(5).

No obstante, existen discrepancias históricas respecto del momento en que surgen los primeros contratos de responsabilidad civil. Mientras Halperin sostiene que fue en 1825, otros autores dicen que los primeros casos se presentaron en 1871 con la Ley Alemana sobre responsabilidad de las compañías ferroviarias.

La evolución del seguro de responsabilidad civil ha sido importante y es así como “Mientras que en París un fallo del Tribunal del Comercio del Sena declaraba en 1844 la nulidad de un seguro de responsabilidad civil por considerarlo “una excitación a la incuria” el mismo Tribunal, en fallo de 8 de Enero de 1952, sostuvo que el hecho de hacer circular en esta época en pleno París un automóvil sin estar protegido bajo una póliza contra daños a terceros, indiscutiblemente importa no una simple omisión sino una falta grave”(6).

Es así como hemos llegado al Siglo XXI con un seguro de responsabilidad civil calificado como uno de los ramos más importantes del sector asegurador y de mayor perspectiva futura, lo que, incuestionablemente, se traduce en un apoyo decisivo del desarrollo industrial, técnico y científico para la humanidad.

En Colombia, la evolución del seguro ha tenido un recorrido similar al de otros países. El Código de Comercio Terrestre de 1887 preceptuaba en su Artículo 636: “se entiende por riesgo asegurado la eventualidad de todo caso fortuito que pueda causar una pérdida o deterioro de los objetos asegurados.”

El Tratadista Juan Manuel Díaz-Granados afirma que dicha noción contradice la esencia del seguro de responsabilidad civil toda vez que excluye la posibilidad de amparar actos culposos, los que por regla general generan responsabilidad civil, admitiendo el aseguramiento de hechos fortuitos que precisamente son constitutivos de causales eximentes de responsabilidad(7).

Posteriormente, año 1971, se expidió el Código de Comercio, y en su artículo 1127 se estipuló: “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo don la ley. Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual con la restricción indicada en el artículo 1055.” (Subraya fuera de texto)

Luego, el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 modifica la norma en comento, quedando redactada así: “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son asegurables la responsabilidad contractual y extracontractual, al igual que la culpa grave con la restricción indicada en el artículo1055.” (Subraya fuera de texto).

Como podemos observar, a partir de la reforma, la obligación del asegurador se limita a la indemnización de los perjuicios patrimoniales sufridos por la víctima, en lugar de los patrimoniales sufridos por el asegurado, dejando, en consecuencia, por fuera de la cobertura los extrapatrimoniales que cause el asegurado, a menos que de manera expresa se pacte su cubrimiento dentro del contrato de seguro.

3. EL RIESGO ASEGURABLE EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El riesgo asegurable en este seguro no es otro que la responsabilidad civil, ora contractual, ora extracontractual, en que de acuerdo con la ley incurra el asegurado.

Como ya lo advertimos, el anterior texto del artículo 1127 del Código de Comercio preceptuaba que mediante el seguro de responsabilidad civil se cubrían los perjuicios patrimoniales que sufriera el asegurado en virtud de la responsabilidad civil en que pudiese incurrir, razón por la cual se indemnizaban los perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales.

Pero, muy posiblemente, por una ligereza del legislador, el nuevo texto del artículo 1127 (Ley 45 de 1990), crea el seguro de responsabilidad civil para los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, con motivo de determinada responsabilidad civil en que incurra, lo que implica que los perjuicios extrapatrimoniales escapan a la cobertura de la póliza, y, consecuencialmente, de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador.

Como podemos observar, la diferencia entre los dos textos es notoria; mientras en el anterior se cubrían los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales de la victima -que finalmente constituían una perdida patrimonial para el asegurado-, con el nuevo texto sólo se indemnizan los daños patrimoniales que cause el asegurado, lo que implica que ya no son los patrimoniales que sufra, sino los que cause.

La parte final del artículo en comento afirma que el beneficiario del seguro de responsabilidad civil es la victima o damnificado, razón por la cual tiene una acción directa frente al asegurador tal como lo impera el artículo 1133 ibidem(8).

Si esto es así, como en efecto lo es, el perjudicado tiene acción directa contra la compañía de seguros para cobrar sus perjuicios patrimoniales, pero no la tiene para cobrar sus perjuicios extrapatrimoniales, y lo que es peor aún, como lo afirma el ilustre tratadista Javier Tamayo Jaramillo, de un solo tajo pareciera haber quedado prohibida legalmente la cobertura de los perjuicios extrapatrimoniales en los seguros de responsabilidad civil, por cuanto por lo menos en la definición que da el artículo ya citado, están excluidos, posición que no compartimos como lo veremos más adelante.

En consecuencia, nos preguntamos: ¿Qué beneficio reporta entonces para la victima una acción directa contra la compañía de seguros, cuando sólo puede pretender el pago de los perjuicios patrimoniales y no de los extrapatrimoniales, que son los que normalmente tienen mayor significado económico?

Lo mismo ocurre con el asegurado cuando ante un siniestro en el que se afecta la cobertura de responsabilidad civil se encuentra con la sorpresa de que los perjuicios extrapatrimoniales de la victima los debe asumir él por cuanto los mismos escapan a la cobertura otorgada por el contrato de seguro.

La sustitución del verbo sufrir por el verbo causar que introdujo el artículo 89 de la Ley 45 de 1990 a hecho pensar, como ya lo comentamos, que el seguro de responsabilidad civil sólo puede cubrir los daños de naturaleza patrimonial causados a la victima, lo que implicaría la inasegurabilidad del daño extrapatrimonial.

Sobre el tema puntual el Dr. Juan Manuel Díaz-Granados ha dicho lo siguiente:

“El Proyecto de Ley113 de 1990, no proveía dicha modificación, la cual fue propuesta en el pliego de modificaciones por el ponente Saulo Arboleda. Pero en la ponencia no aparece expresado ningún motivo para el cambio de verbo como sí ocurrió frente a otras modificaciones como el aseguramiento de la culpa grave o las precisiones acerca de la prescripción.

El artículo 1127 del C. de Comercio no es una norma imperativa que impida estipular que el seguro cubra el daño moral sufrido por la victima. Igualmente, sería válida la exclusión de dicho daño moral.

El cubrimiento del daño moral no atenta contra el orden público. Bajo el antiguo Código de Comercio Terrestre, en el cual ni siquiera se contemplaba el seguro de responsabilidad civil, las pólizas cubrieron válidamente el daño moral.

La tendencia de la reforma adoptada es la de otorgar mayores beneficios a la victima y así consta tanto en la exposición de motivos como en las ponencias. Considerar prohibido el aseguramiento del daño moral iría en contra de tal propósito.

Con base en lo expuesto estimamos que el daño moral puede ser asegurable, pero dadas las limitaciones del texto legal ello requerirá de estipulación especifica en tal sentido, la cual podrá revestir las más variadas formas: cubrimiento de los “perjuicios” en general causados a la victima, o el cubrimiento de los efectos de la responsabilidad o, puntualmente, amparar el daño moral haciendo alusión expresa a su nombre. Así las cosas y al contrario, no se cubriría el daño moral, bien si la definición de riesgo asegurable en la póliza se circunscribe al amparo de los “perjuicios patrimoniales” causados a la victima o bien si el daño moral se prevé como exclusión.

Todo lo dicho indica la conveniencia de que por la vía contractual las pólizas precisen con claridad el riesgo efectivamente cubierto”(9).

Por manera que, estimamos que si bien es cierto del análisis del Artículo 1127 del Código de Comercio se deduce, de manera inequívoca, que el seguro de responsabilidad civil cubre los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado (esto es, los patrimoniales de la victima más no los patrimoniales del asegurado), también lo es que nada impide que a través de un anexo contentivo de una condición particular se cubran los perjuicios extrapatrimoniales del damnificado.

Sobre el tema puntual el Honorable Tribunal de Bucaramanga-Sala Civil ha dicho lo siguiente:

“En este aspecto la sentencia es equivocada. Como puede observarse, la condena impuesta en la sentencia de primer grado involucra, en su mayor parte, daños morales a favor de los demandantes, más una cifra adicional por daños materiales. Tal rubro no aparece cubierto por el respectivo contrato de seguros, (sic) de manera expresa y no es un riesgo que, por ministerio de la ley, se entienda incluido en esta clase de seguros. El artículo 1127 del Código de Comercio, en esta especie de seguro, impone a la aseguradora “la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado”. Ocurre que los perjuicios morales tienen carácter extrapatrimonial. De ahí que no se entienden incluidos entre los daños a resarcir por la aseguradora a la víctima. Naturalmente que el riesgo puede asegurarse, pues no es que se trate de un riesgo inasegurable; pero para ello, necesariamente, ha de tomarse un amparo adicional al seguro de responsabilidad civil”(10).

Algunos de los contratos de seguro que se ofrecen actualmente en el mercado contemplan la cobertura de daño moral de manera expresa; unas compañías sin sublímite; otras, con sublímites o, condicionada la cobertura a su tasación a través de sentencia judicial.

No obstante lo anterior, las aseguradoras que no cubren el daño moral, en las transacciones extrajudiciales con las víctimas hacen sus ofrecimientos de manera integral (perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales), aspecto importante para el asegurado que lo libera, en muchos casos, del pago de los perjuicios morales no cubiertos por el contrato de seguro.

El problema surge para el asegurado cuando debe afrontar el proceso judicial, llama en garantía a la compañía y ésta, apoyada en la póliza de seguro, excepciona RIESGO NO CONTRATADO, referido al daño extrapatrimonial.

Por manera que, ante la importancia de este seguro se hace necesario que las aseguradoras implementen, de manera clara y expresa, en sus contratos de seguro de responsabilidad civil el cubrimiento de los perjuicios extrapatrimoniales, cobrando lógicamente el importe razonable de la prima respectiva, con el fin de que el asegurado que se vea abocado a afrontar un proceso judicial tenga la certeza y la tranquilidad necesarias en el sentido que su patrimonio no va a sufrir mengua alguna ante la eventualidad de una sentencia condenatoria que acoja la pretensiones de una demanda en su contra y de la excepción de RIESGO NO CONTRATADO que puede proponer el asegurador al contestar el llamamiento en garantía o el libelo introductorio en caso de una acción directa de la víctima, cuando la experiencia nos indica que en las sentencias condenatorias de responsabilidad civil por muerte o lesiones personales el importe del perjuicio extrapatrimonial supera, en la mayoría de casos, la condena por perjuicios materiales.

4. DERECHO COMPARADO

En los seguros de responsabilidad civil las legislaciones de España y países latinoamericanos admiten la cobertura de perjuicios extrapatrimoniales, sin excepción, veamos:

En España, la Ley 50 de 1980, relativa al contrato de seguro, en su artículo 73, dispone:

“Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.”

En Argentina, el artículo 109 de la Ley 17.418, sobre el seguro de responsabilidad civil, se estipula:

“El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, o a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido”.

En Méjico, el artículo 145 relativo al seguro de responsabilidad civil, preceptúa:

“En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro.

Tratándose de los seguros obligatorios a que hace referencia el artículo 150 bis de esta Ley la empresa estará obligada a cubrir hasta la suma asegurada que se establezca en las disposiciones legales respectivas o en las que deriven de las mismas, vigentes al celebrarse l contrato.”

En Brasil, el artículo 787 de la Ley 10.406 de 2002, por medio de la cual se dictó el Código Civil, impera:

“No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.”

En Ecuador, el artículo 50 del Código de Comercio, dice:

“En los seguros de responsabilidad civil, el asegurador debe satisfacer, dentro de los límites fijados en el contrato, las indemnizaciones pecuniarias que, de acuerdo con las leyes, resulte obligado a pagar el asegurado, como civilmente responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el contrato.”

Finalmente, el Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 986, dispone:

“En el seguro contra la responsabilidad civil, el asegurador se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a terceros a consecuencia de un hecho no doloso que cause a éstos un daño previsto en el contrato de seguro.”

Hemos querido presentar, a guisa de disiente ejemplo, la forma como en otras legislaciones se regula el tema relacionado con el seguro de responsabilidad civil, para concluir, si dubitación de especie alguna, que la reforma introducida por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 al cambiar la expresión del antiguo artículo 1127 del código de Comercio: “perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado”, por “perjuicios patrimoniales que cause el asegurado”, no fue mas que un desafortunado error que bien merece la pena corregirse, ora a través del cubrimiento expreso de los perjuicios extrapatrimoniales en los contratos de seguro, ora por medio de una reforma legislativa que modifique el artículo 1127 del Código de Comercio, para en esta forma evitar las desagradables sorpresas que se llevan los asegurados cuando una sentencia judicial exonera –validamente- a la compañía de pagar los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por la víctima.

A igual conclusión llegamos cuando es el tercero quien, con fundamente en el artículo 1133 del Código de Comercio, ejerce la acción directa contra el asegurador, toda vez que su aspiración de obtener el resarcimiento de los perjuicios, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, que le fueron irrogados por el asegurado, se va a frustrar al observa cómo la excepción propuesta por la compañía sobre la inexistencia de cobertura de estos últimos ha resultado triunfante.

5. PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Si el seguro de responsabilidad civil tiene como finalidad evitar un eventual detrimento patrimonial del asegurado como consecuencia del surgimiento de una obligación indemnizatoria a su cargo por los perjuicios –patrimoniales y extrapatrimoniales- que cause a terceras personas, se hace necesario promover una reforma del artículo 1127 del Código de Comercio, para que en esta forma las compañías de seguros puedan ofrecer a sus asegurados un adecuado e integral cubrimiento de este riesgo (advirtiendo que en la actualidad lo pueden hacer a través de una cláusula que forme parte de las condiciones de la póliza), nos atrevemos a proponer la siguiente disposición:

“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar integralmente, dentro de los límites fijados en el contrato, los perjuicios que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son asegurables la responsabilidad contractual y extracontractual, al igual que la culpa grave con la restricción indicada en el artículo1055.”

6. CONCLUSIONES

A. Antes de la reforma que introdujo la ley 45 de 1990, puntualmente respecto al artículo 1127 del Código de Comercio, la totalidad de los perjuicios irrogados a las víctimas, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, eran cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, conclusión a que llegamos teniendo en cuenta que la norma estipulaba que en virtud de este seguro el asegurador indemnizaba los perjuicios patrimoniales QUE SUFRA el asegurado.

B. El artículo 84 de la ley 45 de 1990, modificatorio del artículo 1127 ya citado, introdujo un cambio trascendental al sustituir el verbo sufrir de la anterior redacción por el de causar, quedando la norma así: “El seguro de responsabilidad civil impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley (…)”

C. Resulta incuestionable que a partir de la nueva redacción el seguro de responsabilidad civil cumple una función indemnizatoria exclusivamente de los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, lo que se traduce en la exclusión de los extrapatrimoniales, por cuanto la sustitución de los verbos así lo determina.

Ahora bien, como lo sostiene el tratadista Juan Manuel Díaz-Granados, citado anteriormente, algunos comentaristas llegaron a pensar que el seguro de responsabilidad civil, a partir de la reforma, sólo tenía vocación de cubrir los perjuicios de naturaleza patrimonial, excluyendo la posibilidad de asegurar los perjuicios extrapatrimoniales.

Tal interpretación se ha decantado a través del tiempo y la conclusión no puede ser otra diferente que si bien es cierto de la norma en comento se deduce que el seguro de responsabilidad civil no cubre los perjuicios extrapatrimoniales, también lo es que los mismos pueden ser cubiertos a través de un anexo que se expida en aplicación a la póliza, en el que claramente se estipule la cobertura para tales perjuicios, como lo ha sostenido el Honorable Tribunal Superior de Bucaramanga, en la providencia ya citada.

D. Finalmente, a raíz del importante desarrollo que ha tenido el seguro de responsabilidad civil en nuestro medio, son ya varias las compañías que han introducido en las condiciones generales de sus pólizas la cobertura para los perjuicios extrapatrimoniales.

No obstante lo anterior, el problema subsistirá cuando el perjudicado pretenda ejercer la acción directa frente al asegurador con base en el artículo 1133 ibídem, por cuanto si no logra probar la cobertura del daño moral su pretensión indemnizatoria se verá limitada, exclusivamente, a los perjuicios patrimoniales como lo impera el artículo 1127 del Código de Comercio.

Por manera que, consideramos necesaria la reforma del artículo 1127 eliminando de su definición la palabra “patrimoniales”, para en esta forma involucrar en el precepto la totalidad de los perjuicios que el asegurado cauce con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley.

BIBLIOGRAFÍA

  • DÍAZ-GRANADOS, Juan Manuel. El seguro de Responsabilidad, Bogotá, Centro editorial Universidad del Rosario, 2006.
  • REVISTA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DERECHO DE SEGUROS “ACOLDESE”, XVI Encuentro Nacional, 1991.
  • PEIRANO FACIO, Jorge, Responsabilidad Extracontractual, Bogotá, Editorial Temis, 2004.
  • ISAZA POSSE, María Cristina. El seguro de responsabilidad civil y la cobertura de los perjuicios extraptrimoniales, Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros No. 21, Pontificia Universidad Javeriana.

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(1) Abogado asesor y consultor, especializado en derecho de seguros y responsabilidad civil.

(2) G.J. Tomo CLXXII, Pág 36.

(3) G.J.T CXLII, Pag 173.

(4) MEZA CARBAJAL, Luís Alberto. El Siniestro en el Seguro de Responsabilidad Civil, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 1995, Pág 19.

(5) HALPERIN, Isaac. Contrato de Seguro, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964, Pag 5.

(6) MEZA CARBAJAL, Luís Alberto. El Siniestro en el Seguro de Responsabilidad Civil, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 1995, Pág 22

(7) Díaz-Granados, Juan Manuel, El Seguro de Responsabilidad Civil, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, Pag. 32.

(8) “Artículo 1133. Modificado L.45 /90, Art 87. Acción de los damnificados en el seguro de responsabilidad. En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la victima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador.”

(9) Revista de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros “ACOLDESE”, XVI Encuentro Nacional, Santa Marta, Agosto de 1991, Pag 18 y 19.

(10) Sentencia de junio 18 de 2002, Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BOHÓRQUEZ ORDUZ, publicada en el número 11 de la revista PROVIDENCIAS –Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.